Eugen Cakolli, del Instituto Democrático de Kosovo (KDI), ha explicado los procedimientos parlamentarios que deben seguirse tras la decisión del PDK y el LVV de tramitar un nuevo proyecto de ley para las Salas Especializadas, que se basará en el texto de la ley aprobada en la Asamblea de Kosovo en octubre de este año.

En una respuesta a Gazeta Express, Cakolli ha informado de que la Ley de las Salas Especializadas, aprobada el 6 de octubre y devuelta para su reconsideración por la Presidenta Justina Shiroka-Pula, todavía debe recibir una resolución procedimental en la Asamblea.

Según él, el Reglamento de la Asamblea establece un plazo de cuatro semanas para que la comisión responsable prepare el informe. Dado que la decisión de la Presidenta fue remitida a la Asamblea el 26 de octubre, este plazo vence el lunes 23 de noviembre.

Cakolli ha subrayado que la ley se considera no aprobada si la Asamblea no consigue revocar el veto de la Presidenta Shiroka-Pula con al menos 61 votos.

“En cuanto a la Ley de las Salas Especializadas, aprobada el 6 de octubre y devuelta para su reconsideración por la Presidenta, el Reglamento de la Asamblea establece un plazo de cuatro semanas para que la comisión responsable prepare el informe. Teniendo en cuenta que la decisión de la Presidenta fue remitida a la Asamblea el 26 de octubre, este plazo vence el lunes 23 de noviembre. La ley se considera no aprobada si la Asamblea no consigue revocar el veto de la Presidenta con al menos 61 votos. Si los partidos han decidido dejar de apoyar el texto actual, esta cuestión debe recibir una resolución procedimental en la Asamblea”, ha declarado Cakolli a Express.

En cuanto a la posibilidad de tramitar un nuevo proyecto de ley para el Tribunal Especial, Cakolli ha aclarado que esto constituiría una iniciativa legislativa completamente nueva, independientemente de las similitudes que pueda tener con el texto anterior.

Esto significa que el nuevo proyecto de ley comenzaría los procedimientos desde cero y estaría sujeto a todos los plazos previstos en el Reglamento de la Asamblea.Si la iniciativa es propuesta por los diputados, deberá contar con el apoyo de al menos seis diputados y enviarse primero al Gobierno para que emita su opinión. El Gobierno tiene un plazo de hasta 30 días para responder.

Tras recibir la opinión del Gobierno, o una vez vencido el plazo para responder, comienza el procedimiento parlamentario. El primer examen no puede celebrarse hasta que hayan transcurrido dos semanas desde la distribución del proyecto de ley a los diputados. Por su parte, tras la aprobación en principio, se prevén 15 días para proponer enmiendas, el examen en la comisión responsable y hasta otros 15 días para el examen por las comisiones permanentes, antes de la votación en segunda lectura.

Según Cakolli, mediante el procedimiento ordinario, la aprobación de un proyecto de ley de este tipo puede tardar alrededor de dos a tres meses desde el momento de su presentación.Así, si la nueva iniciativa se presenta la semana que viene, en el escenario óptimo y realista, solo podría convertirse en ley a finales de este año o a comienzos del próximo.

Sin embargo, Cakolli ha informado de que los plazos pueden acortarse si el Gobierno emite su opinión antes y la Asamblea utiliza los mecanismos procedimentales para acelerar el examen.

El Reglamento de la Asamblea prevé que, a petición del Gobierno o de al menos 30 diputados, los proyectos de ley relacionados con la seguridad nacional, la salud pública o cuestiones presupuestarias y financieras puedan examinarse mediante un procedimiento acelerado.

Pero Cakolli ha advertido de que la aplicación de este procedimiento a las modificaciones de la Ley de las Salas Especializadas exigiría una justificación específica del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de la Asamblea.

También ha subrayado que la Asamblea puede decidir apartarse de los plazos procedimentales con dos tercios de los votos de los diputados presentes, pero esta posibilidad no es ilimitada y no debe menoscabar los requisitos constitucionales para un proceso legislativo adecuado.

“En este caso, el primer examen puede celebrarse 48 horas después de la distribución del proyecto de ley, mientras que el segundo examen puede realizarse al menos 72 horas después de su aprobación en principio. Por tanto, teóricamente, el procedimiento parlamentario puede concluir en un plazo de cinco días desde la distribución del proyecto de ley, siempre que previamente se haya recibido también la opinión del Gobierno. Sin embargo, para las modificaciones de la Ley de las Salas Especializadas, la aplicación de este procedimiento exigiría una justificación específica sobre el cumplimiento de las condiciones del Reglamento. La Asamblea también puede decidir apartarse de los plazos procedimentales con dos tercios de los diputados presentes, pero esta posibilidad no es ilimitada y no debe menoscabar los requisitos constitucionales para un proceso legislativo adecuado”, ha declarado.

La presidenta interina del PDK, Vlora Çitaku, ha declarado hoy en una rueda de prensa que la Ley del Tribunal Especial volverá a la Asamblea, que han llegado a un acuerdo al respecto con el líder del LVV, Albin Kurti, y que han obtenido el compromiso del Gobierno de Kosovo de apoyarla.

“El proyecto de ley tendrá como base el texto aprobado en las dos lecturas en la Asamblea. Sobre ese texto, haremos los cambios necesarios para que la ley sea más sólida jurídicamente y para brindar a los liberadores un apoyo estatal concreto. Hemos llegado a un acuerdo con el Sr. Kurti sobre el contenido de la ley y los cambios que deben realizarse. Las diferencias estaban en el procedimiento parlamentario. Después, acordamos la vía legal que seguirán”, ha declarado Çitaku hoy.

La nueva ley sobre el Tribunal Especial había sido impulsada por el PDK tras la condena en La Haya de los cuatro miembros del UÇK. Su aprobación en la Asamblea se había logrado tras el acuerdo con el LVV para votar a la presidenta.