Escribe: Hisen Berisha
El caso de la participación del primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, en calidad de testigo en el expediente fiscal relacionado con los procedimientos de compra y suministro de las reservas estatales constituye uno de los casos más extraños de tratamiento selectivo de la responsabilidad penal en la historia de la nueva justicia de Kosovo.
Los propios documentos oficiales del Gobierno y los procesos administrativos de las fechas 23–26 de febrero de 2022 demuestran una intervención ejecutiva directa en los procedimientos de contratación pública, mediante la exclusión ilegal del procedimiento competitivo para el suministro de bienes destinados a las reservas estatales, clasificando el contrato como «secreto».
Desde el punto de vista jurídico, este acto reúne los elementos claros del abuso de cargo o autoridad oficial según el Código Penal de la República de Kosovo, con consecuencias directas para la vulneración de los principios de contratación pública justa, equitativa y transparente establecidos en los artículos 1 y 3 de la Ley n.º 04/L-042. La decisión gubernamental firmada por el primer ministro Kurti e iniciada por el Ministerio de Industria, Emprendimiento y Comercio constituye un acto administrativo directo con efectos jurídicos y financieros, por el que la responsabilidad penal y política recae sobre quien suscribió y aprobó definitivamente la decisión: acta non verba / los hechos, no las palabras, determinan la responsabilidad legal.
En este contexto, el hecho de que la Fiscalía Especial haya citado al primer ministro únicamente como testigo y no como principal sospechoso representa una grave desviación del principio de responsabilidad penal jerárquica. El Código de Procedimiento Penal establece que la responsabilidad por actos ilegales en un proceso administrativo con efectos financieros no puede limitarse a los subordinados que los ejecutan, sino que se extiende al responsable político de la toma de decisiones: respondeat superior / el superior responde por los actos de sus subordinados cuando ha ordenado o tolerado la infracción.
Por consiguiente, la Fiscalía Especial de la República de Kosovo debe quedar bajo el escrutinio de la sospecha pública e institucional por el carácter selectivo, tardío y políticamente motivado de sus actuaciones, como en el caso de la destitución de los investigadores del caso de las reservas estatales, sin que existiera ningún pacta juridica sobre su conducta. Además, la actuación de la FE en relación con los casos que afectan directamente al primer ministro Albin Kurti ha creado la percepción de que esta fiscalía actúa no en defensa de la ley, sino en defensa del poder.
El envío de la citación a Kurti en vísperas de las elecciones nacionales, utilizada como instrumento para movilizar el activismo partidista mediante el viejo recurso de la victimización; el hecho de no haberlo acompañado tras su negativa a cumplir la orden de comparecencia de la fiscalía; y la posterior reiteración de la citación en calidad de testigo, aunque jerárquicamente está sujeto a responsabilidad penal, constituyen una grave desviación de los principios de justicia y jerarquía penal.
Estas actuaciones no solo comprometen la integridad de la Fiscalía Especial, sino que suscitan sospechas razonables de que se ha convertido en un instrumento para encubrir causas relacionadas con delitos vinculados al Gobierno de Kurti: fiat justitia, ruat caelum / que se haga justicia, aunque se desplome el cielo.
Además, la decisión de fecha 26.02.2022 (n.º 01/65), publicada en el Boletín Oficial, estuvo precedida por una cadena documentada de comunicaciones electrónicas entre funcionarios del MINT y el Gabinete del primer ministro (correos electrónicos de fecha 25.02.2022), que demuestran una coordinación completa y la aprobación política para eludir los procedimientos legales de contratación.
Esta actuación excluye la posibilidad de «desconocimiento administrativo» e implica dolo directo (dolus directus) al firmar una decisión con consecuencias perjudiciales para el presupuesto del Estado: ignorantia legis non excusat / el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad.
Si esta cuestión se tratara de acuerdo con los estándares de la práctica penal internacional y el principio ubi culpa, ibi poena (donde hay culpa, hay castigo), sería imposible tratar al Sr. Kurti como testigo.
En este caso concreto, la Fiscalía Especial, en lugar de defender el Principio de Legalidad, ha creado un peligroso precedente de inmunidad funcional del poder ejecutivo, convirtiendo el instrumento penal en un medio de justificación política: lex dura sed lex / la ley es dura, pero es la ley.
La sospecha razonable planteada en la opinión pública de que la Fiscalía está al servicio de la causa política de Kurti y del Movimiento Vetëvendosje ya no es una suposición, sino un indicio respaldado por la propia documentación oficial del expediente fiscal n.º 2023:0038541, cuya lista de pruebas incluye los actos del Gobierno y la correspondencia que lleva la firma de los responsables políticos.
Desde el punto de vista doctrinal, esta conducta institucional se corresponde con las tres formas clásicas de participación en la comisión de un delito, reconocidas en el derecho romano y en el derecho europeo moderno:
– dare (dar), emitir la orden o aprobar el acto;
– facere (hacer), firmar o ejecutar la decisión;
– praestare (facilitar o tolerar la infracción), omitir institucionalmente la actuación necesaria para impedirla: qui facit per alium, facit per se / quien actúa por medio de otro, actúa por sí mismo.
En este caso, Kurti cumple las tres formas y, por consiguiente, su calificación como testigo y no como sospechoso carece de justificación jurídica y está motivada políticamente.
En definitiva, este caso no es solo una cuestión de interpretación penal, sino una prueba de la seriedad del sistema de justicia frente al poder político.
El silencio, las demoras y las desviaciones procesales de la Fiscalía Especial perjudican la confianza pública en la ley y amenazan con convertir la responsabilidad penal en un privilegio político.
Si la justicia no es capaz de investigar, citar y exigir responsabilidades incluso al propio primer ministro por actos con efectos financieros y administrativos, Kosovo corre el riesgo de volver al modelo de impunidad heredado de los períodos más oscuros de su transición institucional: summum ius, summa iniuria / la aplicación extrema de la ley sin justicia es la mayor injusticia.







