De una frase pública a un procedimiento penal, el caso del fiscal Arianit Salihu y la peligrosa frontera entre la interpretación y la ley
Escribe Baton Haxhiu
Un fiscal del Tribunal Básico, llamado Arianit Salihu, había autorizado a dos investigadores a interrogarme por una declaración pública mía, convirtiendo un análisis político en objeto de un procedimiento. Hoy estuve en dependencias policiales. Y lo que vi no fue solo un procedimiento, sino un malentendido que ha adquirido forma institucional.
No estaba allí por una acción, por un hecho o por un suceso que requiriera esclarecimiento. Estaba allí por una frase y para respetar a la institución, aunque les dejé claro que esto era lamentable.
Una frase pronunciada públicamente, en un estudio de televisión, en un contexto completo, escuchada y entendida por el público.
Los dos investigadores fueron correctos. Profesionales. Y en un momento, durante una conversación que fue más allá de las formalidades, me dijeron que el fiscal había iniciado este caso. Y que, para ellos, era una obligación profesional.
Entonces sentí pesar.
Porque esto ya no era una cuestión de una citación. Era una cuestión de cómo se habían leído mis palabras.
Y cuando un ciudadano lee mal las palabras, es un malentendido. Cuando las lee mal un analista, es un debate. Pero cuando las lee mal un fiscal y las convierte en un procedimiento, entonces tenemos un problema, porque un fiscal no puede permitirse leer mal.
Debe distinguir entre la palabra y la acción. Entre la metáfora y el llamamiento. Entre el análisis y la incitación.
En este caso, lo ocurrido solo puede tener tres explicaciones.
O bien es un problema de lectura y formación, es decir, incapacidad para comprender un texto en su conjunto.
O bien es mala fe, es decir, la voluntad de tergiversar el sentido de una declaración.
O bien es una presión política, es decir, el uso de la institución más allá de su propósito.
Las tres son graves. Las tres son inaceptables. Y las tres, en el caso de un fiscal, constituyen un desastre ético.
Porque aquí no se trata de una declaración clandestina. Se trata de un análisis público. Y el análisis público no se lee con pinzas, sino en su totalidad.
Por eso me dirijo a usted, fiscal Arianit. No para defenderme, porque en este caso eso es fácil. Sino porque me dio pena por usted y por la fiscalía.
Me dirijo a usted para defender un estándar que está por encima de cualquier individuo. Porque cuando un fiscal empieza a investigar cómo se habla, y no lo que se hace, se aleja de la ley y entra en el terreno de la interpretación; y, para que conste formalmente, la interpretación de las palabras no es competencia penal.
A continuación le recuerdo el texto que dejé a los investigadores, que permanece sin cambios y representa íntegramente mi postura. Este texto era un mensaje para usted, señor fiscal Arianit Salihu.
Lo que me preocupa en este caso no es la citación en sí, sino la lógica sobre la que se ha construido.
Usted, fiscal Arianit Salihu, ha tomado un fragmento separado de un análisis político completo y lo ha apartado de su contexto natural para tratarlo como objeto de una investigación. Esto no es simplemente una mala interpretación. Es una forma peligrosa de entender la palabra pública.
Porque en una sociedad democrática las palabras no se leen en fragmentos aislados, sino en su sentido completo. De lo contrario, cualquier metáfora puede criminalizarse, cualquier crítica puede convertirse en sospecha penal y cualquier análisis político puede tratarse como una amenaza.
Mi declaración es clara para cualquiera que la lea en su totalidad. Digo expresamente: «ya nadie habla de la crisis… hemos perdido muchas cosas en este país y nos ocupamos de procedimientos», situando el contexto en una crítica a la situación general y no al ordenamiento jurídico.
Más adelante, planteo dos vías que se inscriben en la lógica democrática: «o que le den a esa persona 80 votos, o que demuestren que no está preparada para gobernar», lo cual es una referencia clara al funcionamiento parlamentario y a la legitimidad política, no a ninguna acción ilegal.
Incluso la expresión utilizada, «quítenselo de encima de cualquier manera», forma parte de un lenguaje político figurado, que el propio contexto aclara de inmediato: «o denle 80 votos, o apártenlo y dejen que otros gobiernen», es decir, mediante vías democráticas y constitucionales.
De hecho, al final dejo claro el límite: «nuestro sistema constitucional no permite esto, no lo hace posible», lo cual es una afirmación directa del orden constitucional, no una negación del mismo.
En este sentido, no estamos ante una declaración que requiera una investigación, sino ante un análisis político que exige una lectura completa. Transformar un análisis de este tipo en objeto de un procedimiento no es solo una mala interpretación, sino un desplazamiento problemático de la frontera entre la libertad de expresión y la intervención institucional.
Si esta forma de leer se convierte en norma, entonces ya no tenemos un problema con una declaración, sino con el propio espacio del pensamiento libre. Y eso es lo que convierte este caso en un precedente peligroso.
Porque un Estado que empieza a investigar cómo se habla, y no lo que se hace, entra en un territorio donde la frontera entre la justicia y el control del pensamiento empieza a desdibujarse. Y eso, para las propias instituciones, es un camino equivocado.
No tengo ninguna duda en aclarar todo lo que he dicho. Al contrario. Pero es igual de importante aclarar también esto: el análisis político no es objeto de un proceso penal y no puede tratarse como tal.
Esto no es una cuestión personal, sino que es una prueba de cómo entiende la justicia sus límites.
Y si estos límites empiezan a construirse sobre lecturas erróneas, entonces el problema no está en las palabras. Está en la autoridad que las lee. En un fiscal como Arianit Salihu, que desea autoridad sobre nada. Y la autoridad no se construye sobre el vacío.
P. D. Mi declaración completa en T7
Ya nadie habla de la crisis. Ni del bienestar ni de cómo vive un ciudadano. No se habla de infraestructuras, ya sean educativas o sanitarias, ni de carreteras, ni de energía. Hemos perdido muchas cosas en este país y, mientras tanto, nos ocupamos de procedimientos. Esto es lamentable.
Lo que quiero decir es esto. Los ciudadanos deben prepararse para dos posibilidades. O darle a esa persona 80 votos. O demostrar que no está preparada para gobernar. Porque esto ya no tiene sentido. Los ciudadanos están jugando consigo mismos.
«Quítenselo de encima de cualquier manera» es un llamamiento expresado en un lenguaje político figurado, que se aclara de inmediato: o denle 80 votos, o apártenlo y permitan que otros gobiernen. Porque estamos cansados.
Desde hace dos años y medio, este gobierna al margen de los procedimientos. La metáfora de los «80» alude precisamente a este cansancio colectivo, a la espera interminable de que una persona lleve a cabo un modelo de poder similar al de Edi Rama, Mickocki o Vučić.
Pero eso no es posible. Nuestro sistema constitucional no lo permite. No lo hace posible.







