El debate actual sobre el decreto de disolución de la Asamblea y el proceso de elección del Presidente sitúa, en esencia, al Tribunal Constitucional ante dos posibles escenarios de interpretación.
El primer escenario es que el Tribunal mantenga en vigor el decreto presidencial de disolución de la Asamblea, como resultado del fracaso en la elección del Presidente conforme al artículo 86.2 de la Constitución. En este caso, el Tribunal aplicaría el principio clásico de interpretación directa de la norma constitucional: la norma se lee y se aplica de acuerdo con su texto y sus plazos claros. Una decisión así preservaría el estándar de respeto a la letra de la Constitución y reforzaría la seguridad jurídica en el orden constitucional.
Los plazos constitucionales no son casuales. Se establecieron para aportar claridad, evitar dilaciones políticas y obligar a las instituciones a alcanzar acuerdos políticos en un plazo razonable. En este sentido, si no se logra elegir al Presidente dentro de los plazos constitucionales, se activa el mecanismo constitucional que conduce a la disolución de la Asamblea y a nuevas elecciones.
El segundo escenario es que el Tribunal opte por una interpretación indirecta o más flexible, sin basarse directamente en la norma constitucional, sino argumentando que, aunque se haya superado el plazo para elegir al Presidente, existe de todos modos un período de 60 días durante el cual el proceso puede continuar.
Una interpretación así podría justificarse con el argumento de evitar una crisis política inmediata. Pero un enfoque de este tipo abriría un problema mucho mayor: la creación de un precedente constitucional peligroso.
Si los plazos constitucionales se relativizan una vez, podrán relativizarse siempre. Eso significaría que cualquier proceso futuro de elección del Presidente podría prolongarse más allá de los límites establecidos por la Constitución. En lugar de resolver una crisis política momentánea, podría crearse una crisis constitucional duradera y estructural.
Por eso, los plazos constitucionales deben seguir siendo tal como están establecidos en la Constitución. El Tribunal no debe crear un precedente que debilite la norma constitucional, intentando resolver una crisis política momentánea mediante una interpretación que podría generar crisis continuas en el futuro.
En esencia, el problema actual no es constitucional. La Constitución es clara. La crisis es política. La falta de voluntad para la cooperación y el compromiso político es lo que está provocando y seguirá provocando la crisis.
P. D. Incluso si el Tribunal decidiera conceder 60 días adicionales al proceso de elección del Presidente, las probabilidades reales son que el país termine igualmente en elecciones. El proceso de nominaciones ya se ha cerrado y el proceso de votación ha comenzado. Desde el punto de vista procedimental, el margen para nuevas alternativas es muy limitado; en la práctica, no hay otro camino.







