El Tribunal Administrativo, mediante sentencia del 4 de noviembre de 2026, estimó íntegramente por fundada la demanda de Visar Misini y anuló por ilegal la decisión del Consejo Independiente de Supervisión de la Función Pública de Kosovo (KPMSHCK), de fecha 7 de abril de 2025.

Mediante esta sentencia, el Tribunal confirmó la notificación de la lista definitiva del candidato ganador, emitida el 20 de diciembre de 2024 por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del municipio de Vitia.

El Tribunal ordenó al municipio de Vitia que incorporara a Misini al puesto de funcionario del Registro Civil, conforme al concurso público del 8 de noviembre de 2024, en un plazo de 15 días desde que la sentencia adquiriera firmeza, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Según la sentencia, la decisión del Tribunal sustituye los actos administrativos anulados y tiene carácter vinculante.

En los fundamentos de la decisión, el Tribunal consideró que Misini cumplía los requisitos del concurso. Había superado la verificación preliminar, la prueba escrita y la entrevista oral, obteniendo un total de 87,2 puntos y ocupando el primer puesto en la lista definitiva de candidatos.

Sin embargo, después de que fuera declarado ganador, el alcalde del municipio de Vitia había anulado el concurso público. El KPMSHCK, mediante la decisión impugnada en este procedimiento judicial, había anulado la decisión del alcalde por ilegal, pero al mismo tiempo también había anulado el concurso, alegando que Misini no cumplía el requisito de un año de experiencia laboral posterior a la graduación.

El Tribunal Administrativo consideró errónea esta conclusión del KPMSHCK. Según los documentos del expediente, Misini había terminado sus estudios el 4 de agosto de 2023 y, tras graduarse, había firmado un contrato de trabajo con la empresa GLOB AUDIT SH.P.K., desde el 2 de octubre de 2023 hasta el 28 de febrero de 2025, en calidad de contable. Según la sentencia, esta experiencia laboral también quedaba acreditada mediante el estado de cuenta del Fondo de Pensiones correspondiente al período en cuestión.

El Tribunal constató que, incluso si se exigía experiencia laboral posterior a la graduación, Misini cumplía este requisito. Además, en el concurso público solo se exigía “un año de experiencia laboral”, sin especificar si la experiencia debía haberse adquirido antes o después de la graduación.

En apoyo de su alegación, Misini también había presentado ejemplos de otros concursos convocados por el mismo municipio, en los que no se había establecido ninguna distinción entre la experiencia laboral previa y posterior a la graduación.

Según la sentencia, el KPMSHCK había evaluado erróneamente los hechos y había aplicado incorrectamente el derecho sustantivo, vulnerando los derechos del demandante. El Tribunal señaló que los procedimientos de contratación se habían llevado a cabo de conformidad con la Ley n.º 08/L-197 sobre Funcionarios Públicos y el Reglamento (GRK) n.º 15/2023 sobre el Procedimiento de Admisión a la Función Pública.

El Tribunal Administrativo celebró la audiencia principal el 7 de octubre de 2026, con la presencia del representante del demandante, el abogado Sherif Sherifi, y en ausencia de los representantes de las partes demandadas.

Sobre la base de estas conclusiones y de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Conflictos Administrativos, el Tribunal resolvió según lo dispuesto en el fallo de la sentencia.

Por las razones expuestas, el juez del caso, Rexhep Bllaca, de conformidad con las disposiciones del artículo 60 de la LKA, resolvió según lo dispuesto en el fallo de esta sentencia.

Por otra parte, Misini había presentado una demanda contra el KPMSHCK y el municipio de Vitia, solicitando que se resolviera la cuestión relativa a la falta de firma del acto de nombramiento para el puesto de funcionario del Registro Civil, pese a haber sido declarado ganador del concurso público.

El 3 de febrero de 2025, había presentado una reclamación ante el KPMSHCK, alegando que el alcalde del municipio de Vitia no había firmado su contrato de trabajo después de la publicación de los resultados del concurso. El 19 de marzo de 2025, el KPMSHCK le había informado de que el plazo para resolver se había ampliado diez días hábiles. Según la demanda, incluso después de esta prórroga, Misini no había recibido respuesta ni decisión dentro del plazo.

En la demanda, había alegado que la falta de respuesta constituía silencio administrativo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Según sus alegaciones, tras concluir el procedimiento de contratación y publicarse los resultados, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos había preparado el contrato y lo había remitido al alcalde para su firma. Sin embargo, este último se había negado a firmarlo, alegando que había anulado el concurso, sin haber informado previamente al candidato de esta decisión.

Misini había alegado que la anulación del concurso contravenía la Ley de Funcionarios Públicos y el Reglamento sobre el Procedimiento de Admisión a la Función Pública, ya que, según él, la competencia para el procedimiento de contratación correspondía a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, que no había constatado ninguna irregularidad en el procedimiento.

Por su parte, el municipio de Vitia había impugnado la demanda, considerándola infundada en cuanto a las pruebas y al derecho. En su contestación a la demanda, el municipio había alegado que la solicitud para que se declarara la existencia de silencio administrativo carecía de fundamento, dado que el KPMSHCK ya había dictado una decisión sobre el asunto.

El municipio también había alegado que carecía de legitimación pasiva en este caso, puesto que los procedimientos se habían transferido al KPMSHCK, que había resuelto la reclamación. Según el municipio, el concurso se había anulado porque Misini no cumplía los requisitos exigidos.

El municipio también había rechazado las alegaciones de discriminación, argumentando que el concurso se había anulado por incumplimiento de los requisitos legales y no por ningún motivo prohibido por la Ley de Protección contra la Discriminación. Por este motivo, había propuesto al Tribunal que desestimara la demanda por inadmisible o la rechazara por infundada.

El KPMSHCK también había defendido la decisión impugnada en su contestación a la demanda, alegando que Misini no cumplía el requisito de experiencia laboral posterior a la graduación. El Consejo había solicitado al Tribunal que rechazara la demanda por infundada y confirmara la legalidad de su decisión./BetimipërDrejtësi/