Escribe: Adri Nurellari
En una ciudad neerlandesa fría y húmeda, a miles de kilómetros de Pristina, se encuentra un sombrío edificio de hormigón que ha decidido determinar el destino político e histórico de Kosovo. No es una sede diplomática ni un órgano internacional de las Naciones Unidas, sino el Tribunal Especial para Kosovo, una estructura creada bajo presión internacional, financiada y controlada por la Unión Europea, establecida en La Haya y, sobre todo, lejos de la soberanía de Kosovo.
El Tribunal Especial se ha convertido en un símbolo de aislamiento: audiencias a puerta cerrada, tachaduras excesivas, comunicaciones burocráticas que nadie entiende. Esto no es protección de los testigos: es ocultar el proceso al público. En Kosovo, los ciudadanos de a pie no tienen una idea real de lo que sucede en La Haya. La transparencia ha sido sustituida por el secreto institucional.
Todo esto tiene lugar en una estructura que no responde ante nadie. El Tribunal Especial no rinde cuentas ni ante la Asamblea de Kosovo, que lo aprobó formalmente, ni ante ningún órgano de la Unión Europea que lo supervise políticamente. Es una isla institucional que funciona en La Haya, fuera de todo control democrático, sin ningún mecanismo real que la obligue a avanzar a un ritmo razonable, ser transparente e imparcial. Esta estructura, con esta forma de funcionar, es única, no por su innovación positiva, sino por su ausencia total de rendición de cuentas.
Con este funcionamiento, el tribunal es un trágico déjà vu de la Conferencia de Londres. Una vez más, el destino de Kosovo se decide lejos, en los salones de una capital europea, mientras se desvanecen la transparencia y la soberanía de los habitantes del lugar. La historia de Kosovo es la de un pueblo que casi nunca ha tenido su destino en sus propias manos, pero que nunca ha aceptado en silencio ese destino impuesto. Antes de que las Grandes Potencias se reunieran en los salones de Londres en 1913, Kosovo se había levantado varias veces en rebeliones armadas, alzando la bandera de la libertad contra el dominio otomano y, más tarde, contra cualquier proyecto que pretendiera dividirlo.
La rebelión de la Liga de Prizren (1878-1881), la rebelión de 1893, la de la Liga de Peja (1899), la revuelta contra los Jóvenes Turcos en 1910, que culminó con la Rebelión General de 1912, no fueron episodios aislados, sino señales de un pueblo que quería tomar las riendas de su destino antes de que otros lo decidieran. En las montañas de Kaçanik, en Drenica, en Shala, en Karadak, en las tierras altas de Rugova y Gjakova, los albaneses de Kosovo se enfrentaron a un imperio despótico y, más tarde, a las intrigas de sus vecinos, alentadas por las grandes potencias, con el fusil en la mano y una idea clara en el corazón: ser dueños de su tierra.
Pero mientras los insurgentes albaneses combatían sobre el terreno, en la Europa imperial se desarrollaba otro juego. Lejos del estruendo de los fusiles y sin ningún representante albanés en la mesa, un puñado de embajadores trazó las nuevas fronteras de los Balcanes con fría indiferencia, del mismo modo que Francia y Gran Bretaña dividieron Oriente Medio con el acuerdo Sykes-Picot. Sin referéndum, sin consulta, sin derecho a opinar. Un lápiz sobre un mapa decidió el destino de Kosovo.
Una decisión tomada en mesas extranjeras negó al espíritu rebelde del pueblo albanés todos los derechos que había conquistado con sacrificio. Después de esto, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos estableció un aparato integral de colonización coordinado por la Dirección de Colonización de Skopie, con comisiones locales, créditos para colonos serbios y montenegrinos y expulsiones sistemáticas y violentas hacia Turquía y Albania. Es decir, una política colonial clásica que pretendía cambiar la estructura étnica de Kosovo, donde los albaneses autóctonos fueron tratados no como ciudadanos, sino como una población que debía ser «reorganizada». En este sentido, Kosovo no era simplemente una provincia: era un territorio colonizado.
Pero, a diferencia de 1913, hoy no estamos en un vacío jurídico internacional en el que las grandes potencias puedan dibujar las fronteras de un pueblo a puerta cerrada. Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció una nueva arquitectura global que reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación como principio fundamental del orden internacional. La Carta de las Naciones Unidas (1945) incorporó este derecho en el artículo 1(2) y los artículos 73-74, convirtiendo los territorios colonizados en sujetos del derecho internacional. En 1960, la Resolución 1514 proclamó que todo pueblo tiene derecho a la independencia, y este principio fue reforzado por la Resolución 2625 (1970), que elevó la autodeterminación al nivel de jus cogens (obligatorio). También quedó consolidado en los dos Pactos Internacionales de 1966, que lo incluyeron en su primer artículo.
Estos documentos crearon un nuevo orden mundial en el que los pueblos ya no se consideran botín para que las potencias extranjeras se lo repartan, sino actores con pleno derecho a decidir por sí mismos su destino. De «objetos» de decisiones externas, pasaron a ser sujetos del derecho internacional, con voz y estatus jurídico reconocidos. Este principio también fue confirmado claramente por la Corte Internacional de Justicia en su dictamen de 2010, que concluyó que la declaración de independencia de Kosovo era conforme al derecho internacional.
Desde esta perspectiva, la creación de un tribunal externo y monoétnico que actúa fuera del control de las instituciones de Kosovo, que juzga a puerta cerrada e independientemente de todo mecanismo democrático y que decidirá sobre cuestiones fundamentales de la historia y la política de Kosovo fuera de su territorio supone un retroceso respecto al espíritu de la descolonización. Traslada la soberanía jurídica de Pristina a La Haya, recreando, de forma moderna y burocrática, aquello que los documentos internacionales de descolonización pretendían erradicar para siempre.
Sin embargo, además de funcionar como una entidad autónoma, el Tribunal Especial ha construido una acusación que trata la guerra de liberación de Kosovo como una «empresa criminal conjunta» (Joint Criminal Enterprise): un marco jurídico extranjero que desvía la atención de los actos individuales hacia el carácter mismo del movimiento de liberación. Irónicamente, este concepto no existe ni en el Código Penal de la República de Kosovo, a cuyo servicio supuestamente está este tribunal, ni en la legislación penal de la antigua Yugoslavia, bajo cuya jurisdicción formal se encontraba Kosovo durante la guerra.
Con esta actuación, el tribunal ya no es solo un órgano judicial: también ha asumido un papel legislativo, introduciendo normas que nunca fueron aprobadas por la Asamblea de Kosovo y elaborando una jurisprudencia propia, desvinculada de toda fuente jurídica local. En la práctica, esto convierte al Tribunal Especial en una autoridad que no solo juzga, sino que también crea nuevas normas jurídicas, fuera de todo control democrático e institucional del Estado de Kosovo. Al hablar de la acusación, vale la pena detenernos en un elemento esencial de la ya mencionada Resolución 1514, el documento que marcó el giro histórico de la descolonización a escala mundial. Esta proclamaba claramente que la falta de desarrollo institucional o económico «no puede utilizarse como motivo para retrasar la independencia».
Así pues, reconoce claramente el derecho de los pueblos a la autodeterminación, incluido el derecho a liberarse del dominio colonial mediante los medios limitados de que dispongan en las circunstancias concretas. Este es precisamente el principio sobre el que se ha construido la legitimidad de la mayoría de los movimientos de liberación del siglo XX, desde América del Sur y África hasta Asia, desde Belice y Timor Oriental hasta Argelia.
En todos estos casos, la comunidad internacional, a través de la ONU y del sistema del derecho internacional, consideró la resistencia armada de los pueblos colonizados como parte de su legítimo derecho a la liberación, incluso cuando estos movimientos no contaban con estructuras estatales clásicas, ejércitos regulares ni control territorial pleno. Kosovo pertenece exactamente a la misma categoría histórica de pueblos que han luchado por liberarse del dominio extranjero, al igual que decenas de naciones que hoy son Estados independientes, formando parte integral del proceso global de descolonización que ha dado lugar a 2/3 de los Estados que hoy integran la ONU.
Pero la lógica de la acusación del Tribunal Especial va directamente en contra de este principio. Parte de la premisa artificial de que el ELK debe tratarse como si hubiera sido un ejército estatal clásico, con una jerarquía de mando clara, control efectivo en cada rincón del territorio, disciplina militar estandarizada y una cadena de mando perfecta. En otras palabras, como si hubiera sido un Estado funcional en tiempos de guerra, semejante a Croacia.
Pero esto es un absurdo jurídico e histórico. El ELK nació como un movimiento popular armado en condiciones de ocupación brutal, sin instituciones estatales, sin estructuras militares clásicas y bajo la amenaza existencial de un genocidio en curso. Fue la expresión del derecho de un pueblo oprimido a rebelarse y utilizar todos los medios posibles para sobrevivir y alcanzar la liberación nacional: precisamente lo que la Resolución 1514 reconoce como legítimo. Si seguimos hasta sus últimas consecuencias la lógica de la Fiscalía Especial, resulta entonces que los pueblos oprimidos o colonizados no tienen derecho a resistir, a menos que cuenten con un ejército regular y perfecto según los estándares de la OTAN.
Un enfoque así excluiría prácticamente todas las guerras de liberación del siglo XX, porque la mayoría se libraron en condiciones de pobreza, con medios improvisados y sin estructuras estatales consolidadas. En lugar de defender el principio universal de autodeterminación, esta lógica utiliza el derecho internacional para criminalizar el proceso de liberación. No comprende la naturaleza de la resistencia de un pueblo oprimido, sino que le impone artificialmente el modelo de un ejército estatal convencional, creando así un precedente peligroso: que los pueblos cautivos y sin Estado, por muy oprimidos que estén o por amenazados que se vean por el exterminio, no tendrían derecho a luchar por sobrevivir y liberarse. En conclusión, hoy en La Haya no se está celebrando un proceso penal ordinario, sino que se está llevando a cabo un intento silencioso de reescribir la historia, sentando en el banquillo de los acusados el propio acto de liberación.
Si se acepta este precedente, no solo saldrá perjudicado Kosovo, sino que, en esencia, se enviará una señal muy clara a todos los pueblos y movimientos de liberación: aunque logren liberar su país, las antiguas potencias colonizadoras nunca les perdonarán ese atrevimiento. Serán perseguidos, acusados y deslegitimados durante décadas después de la guerra (como ocurre hoy con los exmiembros del ELK), un cuarto de siglo después del fin del conflicto. Este es un mensaje silencioso, pero brutal: se puede ganar la guerra con un fusil en la mano, pero en las frías salas de sus tribunales se seguirá pagando el precio de la valentía, porque las antiguas potencias europeas nunca olvidan a quienes desafiaron sus decisiones de antaño.
Por eso, La Haya no es el final de un proceso, sino el comienzo de la puesta a prueba de un principio universal conquistado con sangre: el de la descolonización. Y Kosovo no tiene ningún motivo para aceptar en silencio esta distorsión histórica y esta violación de principios.







